En Colombia solemos creer que cada problema se resuelve con una nueva ley. Desde la seguridad ciudadana hasta el empleo, desde la educación hasta la productividad, la primera reacción suele ser: “hace falta una norma”. Pero la evidencia nos muestra algo incómodo: muchas veces la ley no transforma la realidad… incluso puede empeorarla.
El ejemplo más claro está en el mercado laboral. Regulaciones rígidas, diseñadas con la intención de proteger al trabajador, han terminado dificultando la contratación formal. El resultado es evidente: más del 57 % de la fuerza laboral permanece en la informalidad, sin acceso a seguridad social ni estabilidad. A esto se suma un salario mínimo que equivale al 92 % del ingreso medio, uno de los más altos de la OCDE. En teoría, un piso de dignidad. En la práctica, un muro que excluye del empleo formal a jóvenes, mujeres y personas con menor productividad.
Algo similar ocurre en temas de calidad y certificaciones. Colombia ha avanzado en regulaciones para elevar estándares productivos, pero la proliferación de trámites, requisitos y sellos termina castigando a las micro y pequeñas empresas. Estas, que representan más del 90 % del tejido empresarial, muchas veces no logran acceder a mercados formales o internacionales porque no tienen las capacidades técnicas ni financieras ni gerenciales para cumplir los estándares. La ley, en lugar de ser un puente hacia la competitividad, se convierte en una barrera.
La economía y el estudio de políticas públicas nos da pistas sobre este fenómeno. Contrario a lo que se piensa, un exceso de reglas no conduce a más cumplimiento. La saturación normativa genera desconfianza, incentiva la evasión y refuerza la percepción de que la ley es un obstáculo, no una solución. Cuando las normas se acumulan sin reconocer la realidad social y económica, la gente busca caminos alternativos, a menudo informales, para sobrevivir.
Entonces, ¿qué hace que una ley sea buena?
👉 Una buena ley no es la más extensa ni la más dura.
Es aquella que cambia comportamientos con incentivos bien diseñados.
La que codifica acuerdos sociales y realidades económicas, consolidando lo que ya funciona.
La que genera confianza institucional, condición básica para atraer inversión, fomentar el cumplimiento y fortalecer la competitividad.
En un país con tantas necesidades urgentes, legislar mejor no significa legislar más. Significa diseñar normas que reflejen la realidad, que prioricen la evidencia, que reconozcan la diversidad de actores y que construyan consensos sostenibles.
Las leyes deben ser un marco para abrir oportunidades, no para cerrarlas. Y esa diferencia es crucial: de ella depende si las normas se convierten en herramientas de desarrollo o en simples adornos de papel que poco o nada cambian la vida de la gente. Parte de la tarea del nuevo congreso debería ser eliminar leyes inconvenientes.