El fracaso silencioso de la reforma agraria

La combinación de malas ideas, improvisación jurídica y baja capacidad institucional está dejando a la política de tierras del gobierno actual en uno de sus mayores fracasos.

El país necesitaba una reforma rural integral, articulada con la productividad y el desarrollo territorial. En cambio, hemos tenido anuncios sin ejecución, figuras sin sustento legal y promesas incumplidas.

Durante tres años se habló de entregar 3 millones de hectáreas. De entrada era una mala idea. Pero dándoles el beneficio de la duda, hoy, menos del 10 % de esa meta se ha cumplido, y buena parte corresponde a procesos de formalización, no a nuevas adjudicaciones. Las compras directas de tierra se estancaron, el acuerdo con Fedegán se congeló y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) enfrenta una profunda crisis de gestión.

A esto se suma la creación de figuras sin marco jurídico claro, como las Áreas de Producción para la Paz y la Alimentación (APPA), presentadas como solución innovadora pero sin respaldo en la Ley 160 ni en el Plan Nacional de Desarrollo.
Estas áreas —que pretenden combinar redistribución con producción— hoy enfrentan cuestionamientos por:
•Falta de procedimientos de selección y administración.
•Superposición con resguardos y reservas.
•Riesgo de destinación irregular de recursos, señalado por la Contraloría.

El mismo problema se repite con otras iniciativas improvisadas, como las “alianzas populares agroalimentarias” o las “zonas de dotación social”, todas sin estructura normativa ni coordinación con el Sistema Nacional de Reforma Agraria.

Mientras tanto, el campo sigue esperando infraestructura, crédito, riego y asistencia técnica.
Entregar tierra sin acompañamiento productivo solo perpetúa la pobreza rural y agrava la desconfianza.

Una verdadera reforma rural no se impone, se construye.
Requiere visión técnica, estabilidad institucional, seguridad jurídica y diálogo entre Estado, campesinos y sector productivo.

El balance es innegable: mucho discurso, poca ejecución y una maraña jurídica que frena el desarrollo rural.
El campo colombiano no necesita más discursos populistas, necesita gobernanza, confianza y gestión.