Un Congreso eficiente: control político, responsabilidad fiscal y competitividad para las regiones

La ambiciosa apuesta del gobierno de Gustavo Petro por alcanzar la Paz Total parece cada vez más distante en los territorios. No solo por los avances limitados y las crecientes ambigüedades en los diálogos con los grupos al margen de la ley, sino también por los preocupantes hallazgos sobre el programa “Caminos Comunitarios de la Paz Total”.

Esta política buscaba que las comunidades identificaran sus necesidades de infraestructura y ejecutaran directamente las obras en las vías terciarias de sus regiones. En teoría, una iniciativa para acercar el Estado al territorio. En la práctica, según la reciente publicación de la Contraloría, los resultados distan mucho de lo prometido: 33.000 kilómetros anunciados terminaron reducidos a solo 117 kilómetros ejecutados, con fallas de supervisión, retrasos masivos y riesgos en la calidad de las obras.

El impacto es profundo: menor competitividad económica, más aislamiento y comunidades rurales que siguen sin vías dignas para producir, movilizarse y generar oportunidades. Por eso, desde el Congreso, vamos a impulsar una Colombia donde el conocimiento sea la base de las decisiones públicas, con instituciones que planifiquen mejor, ejecuten mejor y rindan cuentas. Solo así las políticas públicas dejan de ser promesas y se convierten en transformaciones concretas para las regiones.

En nuestra labor legislativa en el Senado 2026–2030, proponemos:

1. Control político serio y técnico

Los hallazgos sobre Caminos Comunitarios de la Paz Total muestran que el país necesita un Congreso que haga control político con rigor: no para confrontar al Gobierno por confrontar, sino para evitar la mala ejecución, proteger los recursos públicos y garantizar que cada peso asignado llegue a las comunidades.

Prometer 33.000 km y ejecutar solo 117 km evidencia los riesgos de diseñar y ejecutar políticas públicas sin estudios previos, sin planeación territorial y sin análisis costo-beneficio. Por eso impulsaré un Congreso que legisle con evidencia. Cada proyecto de ley debe contar con evaluación ex ante y ex post, económica, social y territorial, de forma obligatoria. Para lograrlo, la Oficina de Asistencia Técnica del Congreso debe fortalecerse con más capacidad técnica, más datos y más independencia.

2. Sostenibilidad fiscal como garantía de desarrollo

Una obra mal hecha o no ejecutada es doble pérdida: se pierde el dinero y se pierde la oportunidad de desarrollo. Un país con una crisis fiscal no puede darse ese lujo. Desde el Senado, promoveré una regla fiscal seria, un gasto público más eficiente y decisiones presupuestales basadas en análisis económico.

Un senador tiene la responsabilidad de anticipar los efectos deseados e indeseados de las leyes, evaluar su impacto fiscal y garantizar que cada iniciativa legislativa sea sostenible en el tiempo. La sostenibilidad fiscal no es un debate técnico aislado: es la base para que las políticas públicas funcionen y para que Colombia pueda invertir en desarrollo, bienestar y seguridad.

3. Productividad para transformar las regiones

El atraso del 98% en la infraestructura rural refleja un Estado que no está respondiendo a las necesidades del territorio. Desde el Senado, impulsaré un marco regulatorio que exija estándares de calidad, supervisión efectiva y mecanismos de transparencia para las obras públicas rurales. La productividad del campo depende de bienes públicos fundamentales: vías terciarias, catastro moderno, infraestructura básica y asistencia técnica.

La competitividad se construye desde las regiones. Por eso promoveré proyectos de ley que fortalezcan los clústeres productivos, dinamicen las cadenas de valor locales y fomenten la colaboración público-privada en sectores estratégicos. La próxima transformación económica será verde, digital y regional, y Colombia tiene el talento y los recursos para liderarla si priorizamos inversiones que impulsen a las comunidades productivas que sostienen al país.