La palabra del Presidente Petro atenta contra la separación de poderes

El debate de fondo no es un trino. Ni cientos, como en el caso del Presidente Petro. Es la forma en que se ejerce el poder presidencial cuando se habla de otras instituciones del Estado. Lo que está en juego es el equilibrio entre libertad de expresión del jefe de Estado y los límites que impone la arquitectura constitucional.

En Colombia la separación de poderes no es decorativa. Es un mecanismo de defensa frente a la concentración del poder. La Constitución diseñó un sistema donde la Rama Judicial, el Ejecutivo y los órganos autónomos cumplen funciones distintas, con controles recíprocos. La colaboración entre ellos no significa subordinación. Significa coordinación sin pérdida de independencia.

El problema surge cuando desde la jefatura del Ejecutivo se descalifican públicamente decisiones judiciales o actuaciones de órganos técnicos autónomos usando un lenguaje que los presenta como actores políticos hostiles, no como instituciones que ejercen competencias constitucionales. Cuando se afirma que decisiones del Consejo de Estado son “censura” o “calumnias”, el mensaje que recibe la ciudadanía no es una discusión jurídica. Es la idea de que el tribunal actúa con mala fe o como opositor político. Eso erosiona la legitimidad del juez ante la opinión pública.

Algo similar ocurre cuando se acusa al Banco de la República de “sabotear” un programa de gobierno o de responder a intereses económicos. El Banco de la República no es un ministerio. Tiene autonomía constitucional precisamente para aislar la política monetaria de presiones políticas de corto plazo. Decir que sus decisiones deben alinearse con la agenda del gobierno equivale a desconocer la lógica misma de su diseño institucional. La autonomía técnica se vacía cuando se instala la narrativa de que discrepar del Ejecutivo es una forma de traición.

Aquí no se discute si el presidente puede opinar. Puede y debe hacerlo. El punto es que su palabra no tiene el mismo peso que la de un ciudadano común. El discurso presidencial es un acto de poder. Se emite desde canales oficiales, con enorme alcance, y con la autoridad simbólica de quien dirige el Estado. Por eso sus expresiones inciden en la percepción de legitimidad de jueces, magistrados y autoridades técnicas. No es solo comunicación política. Es intervención en el campo institucional.

Esto conecta con otro eje: el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz e imparcial. Cuando desde la Presidencia se presentan valoraciones políticas como si fueran descripciones objetivas del funcionamiento de otras ramas del poder, se distorsiona la comprensión pública de cómo opera el Estado. Se mezclan opiniones con hechos sin advertir la diferencia. El ciudadano deja de ver a un tribunal o a un banco central como instituciones con reglas propias y empieza a verlos como facciones en una lucha política.

El efecto acumulado es delicado. No se trata de un episodio aislado, sino de un patrón de confrontación discursiva con órganos que ejercen controles o funciones técnicas. Ese patrón puede generar un ambiente de hostilidad institucional donde la independencia formal se mantiene en el papel, pero se debilita en la práctica por la presión simbólica y la deslegitimación constante.

La democracia constitucional no solo depende de normas escritas. Depende de prácticas de autocontención. El jefe de Estado tiene un margen amplio para defender su programa, criticar decisiones y debatir públicamente. Pero ese margen encuentra un límite cuando sus palabras socavan la confianza en las reglas del juego, presentan a otros poderes como enemigos y transforman el debate institucional en confrontación política personalizada.

La libertad de expresión del jefe de estado no puede volverse un instrumento para erosionar los contrapesos que nos protegen a todos. Porque cuando se debilita la independencia de los jueces y de las autoridades técnicas, el que pierde al final no es un tribunal ni un banco central. Es el ciudadano que queda con menos garantías frente al poder.

La sociedad civil, la academia, la prensa, el sector privado deben defender enérgicamente en este último tramo de gobierno la democracia liberal que tanto nos ha servido. No debemos dejar sin respuesta la confrontación y el legado de desinstitucionalización del gobierno del cambio. Ni debemos permitir que esta forma de gobernar tenga continuidad. Las palabras del presidente importan y tienen efectos reales sobre las instituciones. Instituciones que debemos recuperar y proteger en estas elecciones.

Finalmente, recordemos el papel fundamental del Congreso y en particular de Senadores independientes, comprometidos, conocedores, con rigurosidad técnica y ética, que promuevan la defensa de nuestras instituciones democráticas durante el próximo cuatrienio.